Juez de Cuatro Cañadas es liberado tras no hallarse delitos en su actuación en el caso Medrano y ADN

Santa Cruz 21-01-2026.- El juez de Cuatro Cañadas, Michael Jhoan Quiroga, fue liberado este miércoles luego de que no se encontraran elementos delictivos en su actuación dentro del caso vinculado a la cancelación de la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y la inhabilitación de candidatos de la alianza SAO-ADN.

La aprehensión se produjo tras una denuncia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que cuestionó la admisión de una acción de amparo constitucional por considerar que el juez habría actuado fuera de su competencia y vulnerado el principio de preclusión del calendario electoral. El caso también fue remitido al Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, con su liberación quedó en evidencia que el juez actuó en honor a la justicia, procurando ser justo frente a lo que distintos actores calificaron como una injusticia y una vulneración del derecho fundamental a ser candidato. La decisión de admitir el recurso constitucional se dio en el marco de la protección de derechos políticos, uno de los pilares del Estado de Derecho, y no con la intención de interferir ni paralizar el proceso electoral.

Tras la aprehensión, el candidato a la Gobernación cruceña por la alianza SAO-ADN, Juan Carlos Medrano, anunció que presentará su propia acción de amparo constitucional y cuestionó duramente al TSE. “Voy a presentar mi amparo personalmente y que me digan en la cara si lo aceptan o lo rechazan, y con qué argumento”, afirmó.

Medrano negó que su alianza busque suspender o retrasar las elecciones subnacionales y aseguró que el objetivo es la defensa de los derechos políticos. “Es totalmente falso que queramos frenar las elecciones o recuperar la sigla. Lo único que queremos es que los candidatos que cumplieron los requisitos puedan participar”, sostuvo.

La liberación del juez refuerza el debate sobre los límites de la justicia constitucional en contextos electorales, pero también abre una reflexión más profunda sobre la necesidad de garantizar la independencia judicial y el respeto al derecho a elegir y ser elegido, especialmente cuando existen denuncias de inhabilitaciones que podrían vulnerar principios democráticos fundamentales.

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