Susana Ríos viceministra de Transparencia, anunció que un “vicio procedimental grave e insubsanable” impide el inicio del juicio oral por el Caso Decretazo, contra el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
De esta manera, es inviable su traslado a Santa Cruz donde debía llevarse a cabo su audiencia presencial.
La autoridad señaló que se solicitó la corrección de fallas procedimentales que tienen que ver con las notificaciones legales que, según la normativa vigente, corresponde hacer a las partes involucradas en el proceso.
“La falta de notificación genera desigualdad y eso implica un incumplimiento al debido proceso; esa situación debe ser corregida antes de iniciar el juicio oral”, manifestó.
El procurador general del Estado, César Siles, anunció que el viernes pasado su despacho presentó un incidente de nulidad al Tribunal de Sentencia #8 de Santa Cruz, debido a que esta instancia no fue notificada para ser parte del juicio.
Mientras se define la situación del gobernador preso, decenas de autoconvocados, representantes de organizaciones sociales y víctimas del golpe de Estado, se reunieron en los predios del penal de Chonchocoro para rechazar su posible traslado y exigir una condena de 30 años de cárcel.
