Murillo declarará en una audiencia previa a la instalación del proceso civil planteado por el Estado boliviano por delitos de corrupción. Tras las declaraciones preliminares se prevé que el juicio se abra en enero del próximo año.
Murillo fue sentenciado a 70 meses de prisión en Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y soborno internacional después de que se declaró culpable de haber recibido un soborno de $us 532.000 por la compra de gases lacrimógenos para los ministerios de Gobierno y de Defensa, después que el régimen de facto tomó el poder en 2019.
La sentencia es inapelable y el Gobierno Nacional continua con los trámites de extradición para que pague por los delitos que cometió en el país por las masacres de Sacaba y Senkata donde murieron al menos 38 bolivianos.
El Estado Plurinacional de Bolivia formalizó una demanda para que los $us 532.000 sean devueltos porque es víctima directa de este delito de corrupción.
El Estado, a través de la Fiscalía y Cancillería, continúan con la solicitud de extradición para que Murillo, una vez que cumpla su sentencia en los EEUU, sea enviado a Bolivia donde enfrenta cargos judiciales por corrupción y debe responder por las masacres de Sacaba y Senkata que dejaron 38 muertos y decenas de heridos. No tiene ninguna posibilidad de acogerse a la figura del asilo por los delitos que cometió en ese país.
También existe la posibilidad de que el exministro de Gobierno sea deportado de EEUU.
