Antes de que las Fuerzas Armadas sugirieran la renuncia del entonces presidente Evo Morales Ayma, la tarde del 10 de noviembre de 2019, el comandante Williams Kaliman se reunió con un enviado de Luis Fernando Camacho, quien luego se convertiría en el ministro de Defensa de Jeanine Áñez. Se trata de Luis Fernando López Julio.
López Julio, ahora prófugo de la justicia por el escándalo de compra con sobreprecio de gases lacrimógenos, a quien el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz encargó la misión de ser su interlocutor ante las Fuerzas Armadas.
La información se conoció después de que dos de los implicados del caso Golpe de Estado I, los generales Flavio Gustavo Arce San Martín, entonces jefe de Estado Mayor, y Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, comandante del Ejército, solicitaran acogerse a juicio abreviado en el caso instaurado por la exdiputada del MAS, Lidia Patty.
Según el memorial conocido por la comisión de fiscales del caso, integrada por Omar Mejillones Copana, Ingrid Feraudi Guerra y Cristhian Copa Salguero, los entonces jefes militares no denunciaron, en su condición de funcionarios, la reunión sostenida entre López Julio y el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, “para de forma posterior sugerir la renuncia del entonces presidente en ejercicio Evo Morales”.
Ahora todo encaja. Camacho confesó en una reunión con su círculo de amigos que López asumió ese cargo para cumplir acuerdos con los militares. En esa reunión, que está en un video que circula en redes sociales, reveló que su padre, José Luis, “arregló” con militares y policías para que quiten el respaldo a Morales y culmine con el golpe de Estado.
Camacho, quien guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, es uno de los principales acusados en este caso conocido como Golpe de Estado I, y que fue planteado por la exlegisladora del MAS Lidia Patty.
En su informe sobre los hechos del 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en 2019, cuestionó el papel que jugaron las Fuerzas Armadas y la Policía en la crisis: “Para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas”.
El informe abundó en los hechos de septiembre y diciembre de 2019 y calificó a la represión militar-policial de Sacaba y Senkata y otros como masacres, que terminaron con la muerte por impacto de balas de alrededor de 37 personas.
La conspiración de la derecha neoliberal
También se investiga a los políticos neoliberales que planificaron el golpe de Estado en las reuniones que se llevaron adelante los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica Boliviana (UCB), sede La Paz.
Participaron en la reunión los políticos de la derecha: Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Óscar Ortiz, Ricardo Paz, Roberto Moscoso, Luis Vásquez Villamor, Giovana Jordán, Juan Carlos Núñez, Jerjes Justiniano León de la Torre (embajador de la Unión Europea) y Carmelo Angulo (exembajador representante de España en la auditoría de la OEA). También formaron parte del complot Rolando Villena y Eugenio Scarpellini, ambos fallecidos.
También formaron parte de la conspiración contra el gobierno democrático los jerarcas de la Iglesia católica como el secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Aurelio Pesoa; al obispo de El Alto, Eugenio Scarpellini (murió en 2020); al obispo auxiliar de El Alto, Giovani Arana; al secretario adjunto, José Fuentes.
Todos estos políticos de la derecha y los jerarcas eclesiales violentaron las normas en vigencia y le ofrecieron el cargo a la entonces senadora Jeanine Áñez, quien dijo ante el fiscal Omar Mejillones el 8 de junio de 2021: “Entre las 18.00 y 19.00 (era de noche) yo recibo una llamada de Ricardo Paz, que me pone en altavoz, me explica que ellos estaban en una reunión buscando una reunión”. “Si es para servir al país, aquí estoy”, fue la respuesta de parte de Áñez. Los golpistas esbozaron un plan A y B.
El 12 de noviembre, luego de las reuniones extralegislativas de la Universidad Católica Boliviana, Áñez se proclamó sucesivamente titular de Senadores y presidenta del Estado en la Asamblea Legislativa. En ambos actos no hubo quorum ni trámites de rigor, ni la asistencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS). Poco después también se autoproclamó presidenta de la República en tiempo récord.
Por ese caso, la exsenadora fue procesada y sentenciada en primera instancia a 10 años de prisión, por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Se trata del caso Golpe de Estado II.
La Fiscalía General del Estado pidió 30 años de cárcel para la exsenadora Jeanine Áñez y otras 17 personas, entre ellas sus tres exministros, por el delito de genocidio cometido en la población de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). La decisión fue asumida luego de concluir la primera etapa de la investigación por ese caso y se basa en pruebas documentales, dictámenes periciales, informes técnicos de investigación y la recepción de entrevistas a miembros las Fuerzas Armadas, entrevistas de efectivos policiales, entrevistas a víctimas y ocho a funcionarios de YPFB.
