Los comités cívicos reunidos en el departamento de Beni rechazaron el referéndum convocado para solucionar los problemas de país en consonancia con el Evismo y la Derecha boliviana, estós comités son una reducida élite dirigencial empresarial que representa a los partidos políticos de derecha y los empresarios que, desde algún tiempo, pusieron en marcha la narrativa de que Bolivia vive una crisis económica y política.
Los dirigentes cívicos se llenan la boca de democracia, pero esta palabra no aplica porque los cívicos de Santa Cruz ocasionaron una pérdida por el paro por el censo (octubre y noviembre de 2022) que dejó pérdidas por más de $us 1.200 millones.
Los comités cívicos son círculos de poder exclusivo, discriminadores y excluyentes.
La mayoría de los dirigentes tuvieron pasado político en la vieja partidocracia neoliberal e incluso en las dictaduras. Por ejemplo, el comité cruceño se volvió un refugio de políticos fracasados y de salida, que no se resignan a dejar de tener poder e influencia.
Orgánica y estructuralmente, los comités cívicos funcionan como un club social: acceso restringido, normas propias y características de un ente privado. Sus afiliados con derecho a voz y voto, nunca pasan los pocos cientos y asisten de manera particular, no a nombre de sectores o gremios.
Una entidad sin obreros ni campesinos
Los comités cívicos no cuentan nunca entre sus filas con obreros, fabriles, gremiales, transportistas, mineros, campesinos, indígenas, artesanos, microempresarios, y un largo etcétera de sectores que constituyen la ciudadanía, el pueblo, la sociedad como tal.
A lo largo de su historia se constituyó en una especie de institución particular y exclusiva de profesionales, empresarios y miembros de las familias tradicionales cruceñas, las que ostentan el poder político y económico.
Los comités cívicos del país ni siquiera dejan entrar a profesionales que tienen ideas contrarias al civismo y las logias empresariales.
Las verdaderas instituciones representantes del pueblo boliviano son la COB, la CSUTCB, la FSUTMB, el Conamaq, la Cidob, las bartolinas y las decenas de organizaciones y movimientos sociales regionales y sectoriales, que sí tiene la legítima potestad de atribuirse la representatividad.
