Bolivia debe aprobar una ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, para adecuarse a los estándares internacionales en el combate contra el lavado de dinero, el terrorismo y su financiamiento. Se lo exige la comunidad internacional a través de los compromisos del país, como miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.
El Nuevo Anteproyecto de Ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que está siendo tratado en la ALP, busca atender las observaciones que hizo a nuestro país el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre la tipificación del terrorismo, cumpliendo sus recomendaciones sin penalizar la protesta social ni persiguiendo a ningún ciudadano, como está garantizado por la Constitución Política y las leyes del Estado Plurinacional.
Pese a la exigencia internacional la oposición boliviana tergiversa la necesidad de esta ley omitiendo que en la región otros países como Panamá, Perú, México, España, Ecuador, Guatemala, Chile, Paraguay y Argentina ya disponen de leyes, como el Anteproyecto de Ley de Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
