El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, denunció que detrás de la intransigencia de un sector de la dirigencia de la Cámara de Transporte Pesado, existen altos intereses económicos particulares.
En su criterio, “el sector empresarial del transporte “busca proteger su negocio” y sus negociados, y por eso tienen como principal demanda la abrogación del Decreto Supremo 5146.
“Para el traslado de grandes cantidades de carga para el mismo Estado, ellos reclutan a conductores propietarios de sus vehículos, les cobran y les hacen firmar un documento notariado que dice que son parte de su sociedad. Ese señor es el que hace el negocio y los otros son los empleados”, explicó.
Torrico recordó que este sistema neoliberal y atentatorio contra los derechos de los transportistas de base se creó, como la Cámara, en la gestión de Carlos Mesa.
