El ministro de Justicia, Iván Lima explicó que, con el Decreto Supremo 5143, ahora abrogado, se buscaba bancarizar las transacciones, luchar contra la corrupción y la extorsión a la que están expuestas las familias bolivianas, por la falta de control, y reveló que Derechos Reales anualmente recauda alrededor de Bs 600 millones, recursos económicos que carecen de fiscalización.
“Buscábamos bancarizar el pago de los aranceles que ahora se pagan de manera directa en las cajas. En el tiempo de la pandemia (Covid-19) se han recaudado los mismos 600 millones de bolivianos que se recaudan cada año”, reveló la autoridad.
